FRAGMENTO DEL LIBRO
PASADO, PRESENTE Y FUTURO MEDIOAMBIENTAL DE BARÚ,

UN DISTRITO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 



DE LUIS CÉSAR VARGAS BELTRÁN

(Miembro de grupo AFABA  y ambientalista baruense de una reconocida trayectoria)



Auge del Saneamiento Ambiental
Desde el año 1995, las limpiezas de playas en conjunto con ANCON y PROMAR han sido realizadas y coordinadas coincidentalmente con el Día Mundial de Limpieza de Playas. El Centro Mundial de Conservación Marina, con sede en Washington, dirige internacionalmente estas actividades. En 1997, con más de 300 participantes (según informe proporcionado a ANCON), se recogieron 7,868 libras de basura de todas las categorías. Es importante resaltar que de los cuatro equipos participantes de la provincia de Chiriquí, el que se acercó más a la cantidad de basura recolectada en Barú fue el de playa La Barqueta, con 1,968 libras. La importancia de esto, era despertar el interés por el saneamiento ambiental del planeta Tierra
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19Gaceta Oficial. Ley Nº 13 de 12 de febrero de 1998 “Por la cual se
Aprueban los Contratos de Operaciones y se modifica y se prorroga el
contrato de arrendamiento de tierras Nº 2 de 1976, suscrito entre el
Estado y la Sociedad denominada Chiriqui Land Company. Panamá, 18
de febrero de 1998. Número 23,485. p. 75.
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Conclusión
Un avance jurídico fue la creación del Bosque Protector de Chorogo. En lo social, como reglamentación ambiental definía un futuro más esperanzador. De igual forma, la promulgación del acuerdo Nº 21 para la protección de la belleza escénica urbana podía servir de ejemplo y estímulo a otros municipios.
El haber logrado que las autoridades fijasen reglas a cumplir al poder económico empresarial, también podía establecer precedentes ecológicamente favorables.
Los recursos hídricos merecen amor y respeto. Los acuerdos Nº 5 y 8 eran alentadores también para la sobrevivencia de los recursos marinos, y especialmente de los arrecifes coralinos.
Los esfuerzos rescatistas medioambientales son arduos, peligrosos y a veces desalentadores. La imparcialidad, la comprensión, la constancia, la planificación a corto, mediano y largo plazo de lo que se pretende obtener; y la relación directa con los medios de comunicación, instituciones y todos los estratos sociales, son elementos vitales y decisivos.
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Capítulo XI
Proyección Medioambiental y Humanística de Barú. 1998 a 2003.
1. Aspectos Socioeconómicos de la Región.
Barú, dependiente casi totalmente del flujo económico bananero, siente interrumpido abruptamente este soporte de subsistencia, como consecuencia del despido de casi 3,000 obreros en la gran huelga de 1998.
Los productores independientes, las nuevas empresas existentes, el aporte del sector público y el sector comercial no bastaban para llenar el vacío de los dólares que el oro verde había estado proporcionando durante 71 años.
La dependencia inhibe la creatividad y el desarrollo. La dependencia es la antítesis del desarrollo sostenible y precisamente este es el caso que nos ocupa a nivel regional. Ya el escudo municipal de Barú, oficializado en 1964, venía proyectándose hacia el paternalismo del paraguas bananero, al estar rodeado casi totalmente por una corona de racimos de banano.
Un segmento geográfico que tenía (y aún tiene) las más hermosas posibilidades de la explotación ecoturística y cultural, podía haber generado una fuente económica alterna significativa, conjuntamente con los productores independientes; si tan sólo, ésta se hubiese planificado y ejecutado oportunamente como política estatal a nivel económico, tecnológico, conservacionista y humanístico; con la responsabilidad y el amor que debe existir en aquellos a quienes el pueblo ha honrado con su voto y su confianza. Por ello Barú, que pudo haber permitido y estimulado la presencia
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de más empresas nacionales o internacionales que no perjudicasen el ambiente, no siendo este el caso de la recicladora de desechos tóxicos de petróleo; y que hubiese recibido también con derecho propio una retribución económica estatal proveniente de los impuestos que, primero la frutera y después otras empresas, volcaban hacia el centralismo gubernamental: confrontaba hoy una situación de crisis.
Uno de los puertos de mayor calado en nuestro país completamente inactivo, con un acelerado deterioro de sus instalaciones físicas; un desesperado conglomerado social desocupado y ante un inminente desgaste de valores sociales y morales; y el desconcierto en el rostro de quienes no estaban preparados para el desastre, reflejaban un panorama que en pleno siglo XXI debería estar erradicado.
La unidad: la más difícil tabla de salvación
Ante la adversidad los pueblos se crecen y a veces resurgen de las cenizas vigorosamente. Obreros, educadores, oficinistas, abogados, comerciantes, productores rurales, transportistas, el grupo AFFABA, pescadores y junta locales se integraron en un movimiento denominado “Baruenses Unidos”.
Fueron dos años dedicados a trabajar intensamente en un Plan Estratégico para el Desarrollo de Barú hacia el 2010, de involucrar en este plan la creación de una Zona Franca con servicios de puertos, aeropuertos, carreteras, trasbordo y transporte de mercancías; mientras paralelamente se contemplaba el estímulo a la pequeña y mediana empresa, el desarrollo agrícola y pecuario sostenible, y la pesca artesanal mano a mano con la conservación del ecosistema marino.
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Todo ello, dentro de la planificación científica, sensata y acorde con la realidad panameña. Se pasó al diálogo con los diferentes estamentos estatales, teniendo que acudir en algunas ocasiones a movimientos de presión popular, alejados de las diferencias político-partidistas. Por primera vez el pueblo unido se proyectó únicamente hacia el rescate integral de su distrito. Los dos legisladores de ese circuito dejaron a un lado sus estrategias políticas de campaña futura, apoyando unificados la voluntad popular de reconstruir su futuro.
Habían empresarios internacionales interesados en el proyecto y sobre esto, también fuertes partidas presupuestarias asignadas para diferentes áreas del Plan de Desarrollo.
2. Aspectos Medioambientales y de Salud
Una Zona Libre que involucraría una imagen ambientalmente libre de contaminación, no podría funcionar con el obsoleto sistema de alcantarillado sanitario que existe en Puerto Armuelles. El intento que se realizó años atrás, para proveer a esta comunidad de un sistema de desechos de aguas servidas adecuado fracasó, porque no se tomaron en cuenta muchos aspectos técnicos de impacto ambiental ni el aumento futuro de la población.
Una de las preocupaciones del Comité Ambiental de “Los Baruenses Unidos” en sus inicios, fue la de resolver este problema de acuerdo a las normas modernas de purificación y reutilización de las aguas residuales. Pero más allá de este propósito, el librar a la Bahía de Charco Azul de la contaminación residual, significaría la conservación de la riqueza estética material y vital de un entorno marino, maravillosamente provisto de inigualables recursos sabiamente equilibrados: fauna, flora, oxígeno y carbono en un retorno a su convivencia original.
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La aprobación de una asignación económica presupuestaria, para realizar inmediatamente los estudios de impacto ambiental del sistema de drenaje sanitario de Puerto Armuelles, complementaría satisfactoriamente la nueva perspectiva popular. Y también apoyaría el Plan General de Desarrollo con sostenibilidad; permitiendo al mismo tiempo un considerable ahorro de dinero, ya que no habría que realizar inversiones millonarias en el saneamiento de la bahía.
Quedaba sin concretar aún, el manejo correcto de los desechos sólidos orgánicos o inorgánicos. Había el material humano para transformar la basura orgánica en abono orgánico (Bocachi), pero la construcción de un vertedero sanitario que permitiese la separación de los desechos biodegradables y no biodegradables, no se había podido realizar. Pero, por lo menos se conocía el problema y existía la intención planificada de solucionarlo.
Se comenzó a construir un moderno policentro especializado, el cual contaría con el personal y el equipo necesarios para la prevención, detección y tratamiento de los casos de contaminación humana por plaguicidas o productos tóxicos en general.
El Plan de Desarrollo Estratégico de Barú Está Dando sus Frutos
3. Marco Legal Ambiental Vigente en Panamá
Tenemos que aceptar que bajo la presión internacional la reglamentación ambiental había sufrido algunos cambios favorables. La Ley General del Ambiente creada el 1 de julio de 1998, conforma la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), institución que reemplaza al INRENARE.
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En las consultas en las que se tomó en cuenta a las Organizaciones Conservacionistas No Gubernamentales, AFFABA siempre propuso la creación de un ministerio ambiental, al igual que la mayoría de los demás ecologistas. Pero ni el poder ejecutivo ni el legislativo aceptaron la completa independencia de los asuntos medioambientales de Panamá. Como resultado final, el Artículo 6 especificaba que La Autoridad Nacional del Ambiente, en el ámbito de sus funciones sería representada ante el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Planificación y Política Económica.
De todas formas, aunque con ataduras, se delineó con mayor amplitud y claridad el concepto de “Estudio de Impacto Ambiental”, quedando así:
a) Debería ser previo al inicio de la ejecución de las actividades, obras o proyectos públicos o privados a realizar. Anteriormente se iniciaban los trabajos y después se hacia el estudio.
b) Con relación a las actividades de ANAM, se le asignaba más autoridad en el campo ambiental.
c) Se crean las fiscalías ambientales para resolver los casos de delitos ambientales.
d) Se especifican los delitos ambientales.
e) Al uso de los suelos se agrega el ingrediente de tomar en cuenta su aptitud ecológica y evitar su erosión y degradación.
f) No se considera la tala rasa o deforestación como elemento probatorio para solicitar reconocimiento de derechos de posesión o de titulación de tierras.
g) Dotar a la población, como deber del Estado de un ambiente saludable y adecuado a la vida y el desarrollo sostenible.
h) Creación de las comisiones consultivas a nivel nacional, provincial, distrital y comarcal con la participación de la sociedad civil.
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i)Ordenamiento ambiental del territorio nacional de acuerdo a sus aptitudes ecológicas, sociales y culturales .
j) Apoyo a la conservación de áreas protegidas en terrenos privados.
k) La conservación y uso del aire es de interés social.
l) La conservación y uso del agua es de interés social.
m) Se reconoce el derecho de las comarcas y pueblos indígenas del uso, manejo y aprovechamiento tradicional sostenible de los recursos naturales renovables de sus áreas de residencias.
La Constitución Política de Panamá en su versión reformada de los años 1978, 1980 y 1994 ha cambiado algunos conceptos sobre el uso del suelo, incluyendo la importancia de su conservación y rehabilitación. Acepta también la importancia de la relación ecología-sociedad, ecología-familia, ambiente-salud y ambiente-economía.
El derecho y deber ciudadano de denunciar las irregularidades ambientales; o sea, el derecho de participación ciudadana, ha sido otro logro trascendental. Ojalá, las autoridades correspondientes les den curso expedito a las denuncias recibidas, en lo que se refiere a los delitos ambientales.
En términos generales, es alentador que las actualizaciones constitucionales, aunque no del todo acordes con un verdadero desarrollo sostenible, han permitido la cristalización de la Ley General del Ambiente; una ley razonable para resolver algunos problemas conservacionistas inmediatos, pero que necesita ponerse a tono rápidamente con las expectativas del legítimo rescate y preservación de los recursos naturales prácticamente destruidos.
Las Reformas del Código de Recursos Minerales aprobados en 1995, también contemplan la
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Aprobación de normas que eran de urgencia notoria desde hace mucho tiempo.
La prohibición de la adjudicación de los corales y arrecifes coralinos, permiten, por lo menos, tomar medidas inmediatas para su conservación y rehabilitación.
La Ley Nº 1 de 3 de febrero de 1994, por la que se establece la Legislación Forestal de la República de Panamá, hace énfasis en la protección, conservación e incremento de los recursos forestales del país, dentro de un aprovechamiento racional y sostenible.
Es coincidente el hecho de que la prohibición absoluta de tala de árboles en las orillas de los cuerpos de aguas, en las cabeceras de los ríos y en las áreas que bordean los ojos de agua, resulte idéntica a la recomendación presentada por AFFABA a la Comisión Legislativa Ambiental. Por lo menos técnicamente en el papel era lo más correcto.
Según nuestro criterio, resulta contraproducente el haber disminuido a 10 metros el área de protección arbustiva mínima a ambos lado del cauce. Originalmente se estipulaban 30 metros. Un árbol de espavé por ejemplo, que es el más adecuado, produce a los 15 ó 20 años una cobertura de sombra de 25 a 30 metros. A veces los que legislan parecen ignorar o desconocer la realidad, en este caso, ambiental.
Desde otro ángulo, consideramos también como acertada la acción de estimular la reforestación con fines comerciales, como medida de protección de los bosques naturales que todavía existen.
Sin embargo, el uso del teca, sobre todo a orillas de los cauces hídricos, nos parece muy
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peligroso para la conservación de la calidad del suelo y del nivel del agua.
Además, durante las consultas para la elaboración de esta legislación, AFFABA propuso el corte escalonado en los procesos de cosecha de la madera. No se le aceptó la sugerencia, porque según la comisión de consulta, esto desanimaría a los interesados en este tipo de actividades. Es lamentable que siempre predomine el interés económico sobre el ecológico.
El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), en su legislación de 1999, incluye la recolección de aguas servidas, el tratamiento de las mismas y la disposición final o reutilización del agua tratada.
Éstas son disposiciones correctas y acordes con el mundo moderno. El problema es, el alto costo de los equipos e infraestructura a utilizar. Pero, la salud ciudadana merece ese tipo de inversiones.
4. Manejo Actual de los Recursos Hídricos en Barú
Éste puede ser uno de los aspectos más traumáticos dentro del marco de recuperación ambiental. Los ríos Palo Blanco y Chiriquí Viejo han sido y aún continúan siendo los más afectados por la contaminación con residuos de plaguicidas y desechos orgánicos en estado de putrefacción.
El río Chiriquí Viejo recibe en sus aguas, fuera de la jurisdicción distrital, los efectos contaminantes del lavado de equipo de aspersión de productos químicos. El flujo de sus afluentes también ha sido contaminado. Esto es en las tierras altas, donde laboran los productores de legumbres y tubérculos. Al estar involucrados varios distritos se torna muy difícil encontrar la solución adecuada e inmediata.
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En cambio, en el río Palo Blanco, que fluye totalmente dentro del distrito de Barú, la aspersión aérea de tóxicos químicos contamina los canales de riego que van a dar al río, afectando también sus aguas; situación que, aunque no se pueda determinar visualmente y tampoco presente efectos anormales en la fauna del río, existe en algún grado. De todas formas, al detener ese tipo de contaminación, este recurso acuático podría volver a su normalidad. En cambio, es probable que los efectos nocivos causados al ecosistema marino no pudieran atenuarse tan fácilmente.
La contaminación producida por desechos de corozo de palma africana en las proximidades de la desembocadura del río Palo Blanco, sí tuvo efectos inmediatos y determinantes en la vida de la fauna fluvial, la de los manglares, y lógicamente, la de los habitantes del mar.
Ésto fue aceptado por las autoridades del Ministerio de Salud, Saneamiento Ambiental y también de ANAM. Se indicaron oficialmente en una memorable reunión, ante la presencia del Gobernador de la Provincia de Chiriquí, los correctivos necesarios para detener el daño ocasionado al medio acuático. Lamentablemente después de más de 6 años, la contaminación persiste, durante los intervalos existentes entre cada vaciado de los recipientes donde se va almacenando el putrefacto residuo. Ni siquiera se le exigió al empresario responsable, la limpieza de la sustancias viscosas depositadas en el lecho del río.
Esta situación está enmarcada en la reciente legislación ambiental como delito ecológico.
5. Actitud Medioambiental de la Puerto Armuelles Fruit Company
Con casi una tercera parte de los obreros originales laborando en la empresa, ésta inició un nuevo programa medioambiental denominado “Better
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Banana Project”. Se trataba de programas de reforestación masiva, manejo adecuado de plaguicidas, calidad del agua que sale de las fincas; participación de los obreros en la identificación de necesidades y la búsqueda de soluciones, reciclaje de los plásticos de desechos y la computarización de los controles del riego aéreo. Sabemos que en Norteamérica se había iniciado ya este tipo de conducta empresarial. Era de esperarse que en nuestro medio diera resultados tangibles y positivos. Al ser interrogado un ejecutivo empresarial, sobre cuándo se pensaba iniciar la agricultura conservacionista con el uso de abono orgánico, contestó enfáticamente “que cuando alguien pudiera proporcionarles las cantidades necesarias de esa clase de abono, ellos lo introducirían inmediatamente en sus operaciones agrícolas”.
Se entendía que debería ser un tipo de abono de calidad indiscutible. Hay que aceptar que existía un positivismo en este cambio de actitud empresarial. Pero también es cierto que ha sido tan grave el daño causado a la biodiversidad, que se necesitará mucho tiempo para restaurar el desequilibrio ocasionado; sobre todo cuando en las técnicas de producción se continuaba subestimando la importancia de la salud de los seres humanos.
6. Presencia del Doctor Stanley Heckadon Moreno en Barú
Una de las satisfacciones más relevantes de AFFABA, fue la presencia en Barú del doctor Stanley Heckadon Moreno ante un llamado del grupo. Antropólogo por vocación; sociólogo y ferviente defensor del rescate de los recursos naturales, había tenido un permanente contacto con los conservacionistas de Barú. Profundamente interesado en la legalización del bosque de Chorogo como refugio de vida silvestre, seguía paso a paso las acciones para hacer realidad este propósito.
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Fue por ello que aceptó encantado la invitación para dictar en el Salón Parroquial de Puerto Armuelles una conferencia sobre el tema “Riqueza Ecológica de Panamá, un Potencial para el Turismo”.
Fue una ocasión memorable, cuando con su sinceridad y fogosidad acostumbrada, el doctor Heckadon presentó al auditorio de estudiantes, profesores, autoridades, profesionales y público diverso; la cruda realidad del problema medioambiental del distrito de Barú.
Su experiencia como escritor y asesor del director de Transferencia Tecnológica y Política Ambiental en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, le dan la autoridad para lograr que quienes lo escuchen, comprendan con claridad la trágica situación que confronta el planeta Tierra. Conferencias de esta magnitud científica muy pocas veces se habían brindado al público baruense.
7. Situación Actual de la Esperanza Verde del Bosque de Chorogo
Con el firme apoyo del director de ANAM en Chiriquí Ricardo Jiménez, del Director Nacional del Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, de la Fundación Natura, ANCON, PROMAR, la Sociedad Audubon de Panamá y las ONGs de Chiriquí; se procedió a las conversaciones con los productores que tenían derechos posesorios en el área que se quería proteger.
Se había logrado con los programas radiales y las conversaciones, la comprensión de la importancia de mantener intacto el bosque para proteger los ríos que de allí nacían. Se trabajaba en base a proyectos de desarrollo sostenible con facilidades de titulación de los terrenos ya laborados, remuneración para la reforestación de las cuencas hidrográficas de sus terrenos, apoyo económico para los programas de
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reforestación comercial, de producción agrícola y pecuaria, asistencia técnica para programas de salud, de educación y de aspecto social. Todo ésto dependía de la decisión comunitaria de aceptar la creación oficial del Refugio de Vida Silvestre de Chorogo. Estas áreas cuando se protegen y específicamente cuando son fronterizas, implican la obligación del Estado de atender inmediatamente los aspectos económicos, sociales, educativos; así como los que tienen que ver con salud y vías de comunicación en los sectores de amortiguamiento. Se trataba de una serie de acciones íntimamente ligadas unas a otras.
Existía ya la disposición del director provincial de ANAM, de ceder el mantenimiento y protección del área de Chorogo a sus dueños naturales, una vez decretada área protegida; y después de la adquisición de la personería jurídica, como grupo organizado. Recibirían luego el entrenamiento técnico y administrativo, bajo la jurisdicción y control de la Autoridad Nacional del Ambiente.
El Artículo 66 de la Ley General del Ambiente de la República de Panamá, especifica que podrán adjudicarse concesiones de administración y de servicios entre otros a patronatos, fundaciones y empresas privadas.
No había pues, obstáculo alguno, por lo que se programó y comunicó una reunión en Puerto Armuelles con los productores involucrados, AFFABA y el director y administrativos de ANAM.
Sorpresivamente, el esfuerzo y logros obtenidos en el transcurrir de más de 10 años, se vio obstaculizado por la reacción inesperada de algunos de los propietarios de la zona que interesaba, no solamente a los conservacionistas, sino también a los habitantes del distrito, a los científicos panameños e internacionales y a funcionarios del proyecto del
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Corredor Biológico Mesoamericano, que habían venido a Barú para informarse acerca de la propuesta de creación del Área Protegida de Chorogo.
Personas interesadas en la extracción masiva de maderas, o tal vez políticos partidistas del área ansiosos de obtener votos, lograron insertar la idea de que AFFABA pretendía apropiarse de las áreas solicitadas, para lucro personal. Esto, era una imposibilidad jurídica en la ley agraria panameña. Pero surtió efecto y surgió un Comité Pro Defensa de las Tierras Altas de Barú.
Los miembros de este comité acompañados de un legislador oficialista, exigieron y lograron que el alcalde municipal de Barú anulase el Decreto del año 1995, por el cual se declaraba “Bosque Protector” al bosque de Chorogo.
En realidad, había nacido el deseo de los propietarios de vender la madera del bosque virgen. Esto beneficiaría de alguna manera a humildes familias de la zona rural, al mismo tiempo que incrementaría las arcas económicas de los industriales madereros. También sería el comienzo del fin del último reducto boscoso del Barú. Esto sucedió en 1999 y formaba parte de las campañas de promesas políticas a los habitantes de la región, quienes iniciaron la lucha para lograr la construcción de la carretera limítrofe hasta Los Plancitos. Casi la mitad del proyecto se ha realizado en forma más o menos razonable, pero irónicamente las autoridades de Costa Rica son las que han contribuido con el aporte más significativo: el del equipo motorizado.
Mientras tanto, el tema de Chorogo siguió latente en la comunidad. El periodista Jorge Alberto Olmos y la Cooperativa de Ahorros y Crédito San Antonio, han publicado en sus periódicos y revistas respectivamente artículos del grupo Amigos de la Flora, Fauna y Ambiente de Barú, resaltando la
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importancia de este proyecto ecologista que ha impactado internacionalmente. El profesor José Antonio Mora, por su parte, cedió gratuitamente un espacio radial ecologista en Radio Mi Preferida, durante 9 años.
También, en la primera revista promocional turística del Grupo “Baruenses Unidos”, la cual, con el apoyo de las instituciones estatales se ha proyectado internacionalmente, se resalta la importancia ecoturística, científica y cultural del Bosque de Chorogo.
En relación a todo esto, en 1998, el Señor Storm Cunnimgham, Director de Wildpath Foundation, Inc., llegó a Puerto Armuelles para entrevistarse con miembros del grupo AFFABA, con el exclusivo propósito de recibir toda la información posible sobre el bosque de Chorogo y su posible declaración oficial de área protegida. Se proponía escribir un libro y le interesaba profundamente este tema.
La semilla sembrada por un humilde grupo conservacionista baruense ha logrado que, por encima de todos los intereses creados y de las incomprensiones que todo ecologista tarde o temprano tiene que confrontar, el amor a lo que aún queda en Barú por los recursos naturales agua, aire, suelo, flora y fauna haya prevalecido.
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Conclusión
El transcurrir del tiempo nos proporciona dolorosas y, a veces, valiosas lecciones. Un error estratégico de la directiva sindical de la otrora Puerto Armuelles Fruit Company, dio al traste con cuarenta años de experiencia adquirida en múltiples lides laborales. Aunque, esto era algo difícil de aceptar, sucedió rodeado de incógnitas.
Un Barú económicamente dependiente de la política bananera, sufre inmediatamente las réplicas de ese fenómeno laboral-sindical, sorpresiva y violentamente. Sin embargo, una comunidad con un alto sentido histórico de reacción defensiva ante la adversidad, une sus fuerzas constructivas en acciones solidarias y coherentes; para obtener la merecida atención del sistema estatal. En consecuencia, surgen respuestas que lamentablemente no se sustentan con acciones tangibles. Algunas de ellas fueron la rehabilitación del muelle, la consolidación de la Zona Franca de Barú, la modernización del sistema de tratamiento de aguas residuales, el apoyo a la creación de miniempresas, la construcción de un policentro con especialidades médicas, etc.
En contraste, en el campo ambiental y a nivel nacional, en una acción unificada de las ONGs conservacionistas, se obtiene una nueva legislación ambiental en 1998. A pesar de que en nuestro país las legislaciones de protección de los recursos naturales siempre se retrotraen ante el embate de los poderes económicos, esta nueva figura jurídica representaría una pequeña esperanza en el sombrío panorama de trastocamiento ambiental regional, nacional, y ¿por qué no?, internacional.
Aunque dividida por los intereses sociales, económicos y político-partidistas, la conciencia participativa ciudadana podría jugar un papel importante, para arremeter contra los entuertos
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ecológicos de nuestro medio. Además, otras legislaciones, como las de incentivos a la reforestación, regulaciones a la explotación de minerales, y otras de protección a los recursos hídricos; proporcionaban un sendero legal para la recuperación, aunque fuese en parte, del equilibrio ecológico de nuestro país. La salud y la vida de los panameños dependen de ello. Coincidencialmente, la presencia del prestigioso antropólogo panameño Stanley Heckadon-Moreno, vierte un poco de bálsamo esperanzador ante los problemas ambientales baruenses.
En las áreas de reciclaje y reforestación, la Chiriqui Land Company, rebautizada como Puerto Armuelles Fruit Company, emprende una campaña masiva de concienciación obrera. Sin embargo, la aplicación terrestre y aérea de productos de alta contaminación residual, continuaba extendiendo sus alas mortíferas sobre los indefensos poblados bananeros.
Cierra también este capítulo un desastroso e inesperado revés, en lo que se refiere al intento de AFFABA y ANAM de constituir en área protegida el bosque de Chorogo. El tenebroso deseo de la explotación maderera de las 1,020 hectáreas de bosque nuboso, oculto bajo el manto de solapadas promesas politiqueras; transformó la comprensión tan arduamente lograda en esa comunidad fronteriza, de que de ese bosque dependía la permanencia de sus valiosas fuentes acuíferas. Para ellos, desde ese momento, los integrantes del Grupo Amigos de la Flora, Fauna y Ambiente de Barú serían vistos como sus enemigos. De esta forma quedaba el terreno sabiamente abonado para que continuase la cadena de explotados y explotadores. Pero en este rejuego del gato y el ratón, la víctima principal sería la naturaleza, y ésta no perdona los errores humanos
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Capítulo XII
Luces y Sombras de un Intento de Transición Socioeconómica y Medioambiental de Barú. 2004 a 2006.
La Zona Franca para el Desarrollo Integral e Barú, era un macroproyecto de expansión múltiple del distrito. Había nacido de las necesidades prioritarias de un pueblo agobiado por un repentino desempleo masivo, para el cual no estaba preparado, ya que se había acostumbrado a la peligrosa dependencia de la floreciente empresa bananera “Chiriquí Land Company”. Sin embargo, no se había logrado hasta el momento la cristalización o ejecución de los programas generadores de empleos, que se habían discutido y aprobado a los más altos niveles del gobierno central.
La ley 19 de 4 de mayo de 2001, que creaba este polo integral de desarrollo, seguía sin ejecutarse porque aparentemente no se querían afectar (por lo menos eso se percibía), las otras zonas de exportación del país. Se creaba entonces un obstáculo para la instalación de nuevas empresas, en las que millares de desempleados hallarían la solución a los problemas económicos de sus familias. Para empeorar las cosas, personajes de alta jerarquía oficial distraían la atención gubernamental con otros proyectos similares al de Barú. En consecuencia, el bienestar de toda una comunidad rozaba los bordes de una crisis generalizada.
Mientras que el clamor popular crecía ante la preocupante situación, las autoridades nacionales se proyectaron tímidamente hacia la reconstrucción de una joven y controvertida figura sindical-cooperativa. Los errores estratégicos de una dirigencia sindical habían ocasionado el despido de más de 4,000 obreros. Simultáneamente, nació también un engendro cooperativo, en el cual eran únicamente
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miembros activos los directivos sindicales que habían ocasionado el problema. Esto repercutiría en la credibilidad de los futuros líderes gremiales de Barú, por tiempo indefinido.
Sin embargo, ahora con el auspicio de una nueva administración gubernamental los 2,000 y tantos cooperativistas simbólicos, lo serían real y legalmente, según el compromiso adquirido por los actuales dirigentes. En cuanto a la formación de un ente empresarial-cooperativo (antes obrero-bananero), con una proyección humanística adecuada hacia la erradicación de los efectos devastadores de los productos y técnicas de alta contaminación, hubo una omisión casi absoluta en sus planteamientos. Tampoco existía la capacidad operativa, ni la intención de los directivos de incursionar en la rápida aplicación de los modernos sistemas de producción, desarrollados con elementos orgánicos. Con anterioridad se había iniciado la batalla de los afectados por la aplicación incorrecta de los plaguicidas, en las labores agrícolas de la fenecida C. L. C. Pero tampoco fue entendido ni apoyado este movimiento por la nueva figura sindical-cooperativa, y mucho menos por las instituciones de salud en los diferentes periodos presidenciales. Este problema se había enfocado hacia el resarcimiento económico de las lesiones físicas y sicológicas ocasionadas por el uso inadecuado de productos químicos altamente tóxicos; inquietud que era correcta. Sin embargo, a excepción del grupo AFFABA y de unos cuantos baruenses futuristas, se soslayaban siempre las medidas que erradicarían el problema sustancialmente; por ejemplo: el traslado de los poblados bananeros a lugares alejados de la contaminación ocasionada por el riego aéreo de pesticidas, el uso de productos que no contuviesen elementos organofosforados ni organoclorados, la introducción aunque fuese progresiva de técnicas orgánicas en la producción y la vigilancia fitosanitaria
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oportuna y constante, para evitar las intoxicaciones humanas.
Retomando el tema de la nueva dirección empresarial-cooperativa, ésta iniciaba ante IPACOOP los trámites de la legalización participativa de todos sus miembros. Una entidad sindical paralela, conformada por los mismos miembros de la cooperativa COOSEMUPAR, llevaba un manejo económico independiente, con cuotas mensuales asignadas a éstos. Además, llevaba el nombre de la empresa a la cual ya no prestaban sus servicios, ya que cuando actuaban como cooperativistas, únicamente le vendían la producción de banano. Si aludimos al último párrafo del artículo 397 del Código de Trabajo, esta situación no se encontraba muy bien definida. Sin embargo, no pretendemos realizar un análisis jurídico al respecto, y lo dejaremos en manos de quienes sean especialistas en la materia y del transcurrir de tiempo. Lo que sí estaba bien claro era que en el ámbito empresarial, para COOSEMUPAR la situación se tornaba muy complicada y confusa. Ya para el 2006 esta cooperativa estaba intervenida por IPACOOP debido a sus grandes problemas financieros; entre ellos, la deuda de arrastre de 20 millones de balboas por la adquisición en el 2003 de los bienes de la Puerto Armuelles Fruit Company. No había suficiente dinero para cubrir salarios. Tampoco, para cubrir compromisos de seguridad social. Algunas autohuelgas ensombrecían más el panorama, y como si aún no fuese suficientemente angustiosa la situación, en algunas de sus grandes demostraciones de poder incontrolable la naturaleza, estimulada aún más por los agravios que los humanos le ocasionamos, había hecho grandes estragos en las plantaciones de banano.
Pero las esperanzas nunca…nunca mueren. El plazo convenido en el contrato de compraventa pactado en el 2003, ya había cumplido los tres años, plazo acordado para la primera renegociación del
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precio de la caja de banano. En eso, precisamente se aferraban los nuevos empresarios desesperadamente, para que con la mediación del poder ejecutivo se lograra un precio más justo por unidad. Pero la cláusula No. 7 del mencionado contrato (Anexo del original) indicaba que el cumplimiento de esta alternativa dependía de su aprobación por las dos partes y desde luego, Chiquita Brand podría oponerse o no asistir a las negociaciones. Quedaba entonces la acción estatal para lograr un milagro. El milagro de que una empresa transnacional poderosa accediese a ceder algunas migajas de las ganancias adquiridas mediante un contrato aparentemente legal, pero moralmente inaceptable.
Pasase lo que pasase, en los ámbitos sociales o económicos, la situación ambiental de Barú siempre pesaría como espada de Damocles, sobre ese entorno geográfico. El bosque de Chorogo, preocupación internacional ya, como actor prioritario de sitios importantes de conservación de aves, seguirá siendo fuente vital acuífera para consumo humano tanto del campo como de la ciudad, y factor importantísimo para el mantenimiento de los productores rurales; y desde luego, de las pequeñas y grandes empresas agroindustriales presentes y futuras de la región, incluida COOSEMUPAR.
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Conclusión
Uno de los problemas de los gobiernos presidencialistas, es la no ejecución a plazo inmediato o corto, de la solución a los problemas prioritarios de sus pueblos. Esto se debe, a veces, a la inexistencia de la intención de cumplir, o también el tortuguismo burocrático legal o mal intencionado. La ingerencia del poder económico puede en muchas ocasiones desviar los propósitos loables de quienes gobiernan, debido a que el financiamiento político privado le da autoridad inmoral para hacerlo.
Por algunas de estas razones, la “Zona Franca para el Desarrollo Integral de Barú”, aunque contó con el masivo apoyo popular, no pudo ver cristalizados los proyectos generadores de empleos que ya habían sido conjuntamente discutidos y aprobados por los respectivos funcionarios del Estado.
COOSEMUPAR, otro eslabón típico para la solución parcial de los problemas de subsistencia de la familia obrera, ahora en manos de nuevos dirigentes, afrontaba el reto de adquirir su mayoría de edad y, por ende, su independencia como ente empresarial. La dirección sindical, legal o no, debía cooperar para que esto sucediese. De esta forma, con Chiquita Brand debiendo asumir una política de compra del banano acorde con los derechos humanos; y con el Estado cumpliendo genuinamente su papel de árbitro y ejecutor de acciones justas y favorables al productor colectivo-cooperativo; éste podría culminar con éxito el portentoso reto cooperativo de cancelar no ya 20, sino ahora 30 millones de balboas de deuda, recobrando simultáneamente el mantenimiento y producción exitosa de las plantaciones bananeras a su cargo.
El bosque de Chorogo, un tema ambiental de fondo en este trabajo, continúa en el área de interés de la Sociedad Audubon de Panamá, institución
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ornitológica y conservacionista que ha adquirido mediante compra 283 hectáreas de este bosque para fines de protección e investigación. Pero no debiera tratarse solamente de la institución mencionada, ya que la conservación de esta área boscosa, su fauna y su alimentación acuífera de los ríos Palo Blanco y San Bartolo, competen al interés distrital y a la Autoridad Nacional del Ambiente. Panamá también necesita el carbono y el oxígeno que de allí emanan.
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Capítulo XIII
Observaciones Generales de lo Acontecido en Barú, en todas las Proyecciones Contempladas en este Trabajo, durante los años 2007 al 2010.
Hay pueblos que no se rinden ante la adversidad, y que sobreviven a través y por encima de los errores cometidos. De sus aciertos, muy sabiamente sacan provecho cuando se presenta la oportunidad. Barú es uno de ellos. Por esa razón, nos alegra que en el caso de COOSEMUPAR, por ejemplo, se pudo lograr una renegociación por el precio justo de la caja de banano, obteniendo así un equilibrio entre ambas partes. Y algo, también muy importante, es que esta institución cooperativa recupere su capacidad legal como empresa, ya que actualmente está intervenida por IPACOOP. Así, el status legal de miembros activos o dueños empresariales, sería absoluto. Una deuda de 40 millones de balboas definitivamente necesita manejarse para su cancelación, con una actitud unitaria, igualitaria y humanitaria dentro del rol de empresarios. De esto no cabe la menor duda. No deseamos en forma alguna, que la hermosa experiencia obrera de 1960, que orgullosamente compartimos, termine con un desastre social y económico para los 2,800 socios de COOSEMUPAR y sus respectivas familias. La base de su éxito debería ser una decidida política de responsabilidad, autosuficiencia y un manejo ecológico adecuado. Además, su éxito o su fracaso sería el espejo, en el cual se mirarían la futuras situaciones latinoamericanas de este tipo.
Si incursionamos con mayor profundidad en la problemática del distrito, el desempleo masivo pesaría mucho en la balanza de la ya maltrecha economía baruense. Surge allí entonces, la alternativa de la instalación de una refinería en el área de Mellizas, corregimiento cabecera. Según acuerdo firmado por
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Panamá con las empresas Qatar Petrolium y Occidental Petrolium, el 15 de mayo del 2007, entraría en vigencia la segunda fase de este proyecto.20
Curiosamente, según el Libro Blanco del Centro de Reformas, fundado en el 2002; en el 2004 se reportaron 129 millones de libras de contaminantes peligrosos, al suroeste de Houston y Texas City, en Estados Unidos. Entre ellos había químicos como neurotoxinas y carcinógenos. Del cracking o transformación del petróleo de menos peso molecular, se derivan el benceno y el butadieno, que a su vez son cancerígenos, y afectan además al sistema inmunológico, sanguíneo y neurológico.
En cuanto a la vida acuática (fluvial y marina), y la flora y fauna terrestres; los excesos de dióxido de azufre y nitrógeno producidos por los gases emitidos en las refinerías alteran peligrosamente su desarrollo normal.21
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20El Panamá América. Miércoles 16 de mayo de 2007. p. 1
21Atlas Visual de la Ciencia. Clima. Editorial sol 90. Barcelona. 2006.
p. 86C5.
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Por un lado tenemos entonces, el tétrico panorama en el cual está en juego el equilibrio ecológico, la salud y, en consecuencia, la vida humana; y por el otro, el sustento inmediato de miles de seres humanos: hombres, mujeres, ancianos (as) y niños (as), todos ellos baruenses. Sabemos que existen tecnologías limpias que son más caras, pero esto bien lo vale la salud del ser humano. Precisamente, por la escasa o ninguna aplicación de ellas y por el descuido en el monitoreo de los contaminantes peligrosos en el aire, sucedió el desastre ambiental de Houston y Texas City. Agregamos aquí, que esos estándares de control de contaminantes también reflejan su debilidad en nuestra reglamentación ambiental recién aprobada. Aceptamos que el estudio de impacto ambiental anticipado al inicio de operaciones de una empresa es un logro valiosísimo en esa ley, pero no entendemos por qué según el artículo 36 de la Ley 41 de ANAM22, en sus normas de cumplimiento de calidad ambiental “haya que fijar plazos hasta de tres años, para caracterizar los efluentes, emisiones o impactos ambientales; y hasta 8 años para realizar las acciones o introducir los cambios en los procesos o tecnologías para cumplir las normas”. Todo esto, sujeto a un proceso de gradualidad, autorregulación y voluntariedad empresarial. La pregunta es: ¿cuántas vidas humanas, vegetales y animales podrían acabarse en ese lapso? ¿Por qué anteponer siempre lo económico ante lo ecológico? Se supone que de realizar la institución rectora del ambiente un análisis correcto y científico de cada estudio de impacto ambiental, debería detectarse cualquier situación que pueda atentar contra la seguridad ciudadana.
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22Gaceta Oficial. Ley Nº 41 de 1 de julio de 1998 “General de Ambiente
de la República de Panamá. Panamá, 3 de julio de 1998. Número
23,538. p. 21.
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Así, se detendría cualquier proyecto perjudicial para el ambiente antes de que empezara, o se aplicarían inmediatamente los cambios en los procesos o tecnologías para ajustarse a las normas de seguridad social.
Con respecto al proyecto de instalación de una refinería de petróleo en Barú, y la posibilidad de que se repita en esta área un desastre ambiental como el sucedido en Houston y Texas City, lo recomendable es que se le brinde con carácter de prioridad, el adecuado apoyo económico y logístico al funcionamiento y expansión tangible de la Zona Franca de Barú. Para ello, la construcción de un nuevo muelle, con acceso a aguas más profundas de la misma bahía, sería imprescindible. Esta acción debe realizarse con carácter de urgencia y responsabilidad patriótica.
Para el año 2007 podemos confirmar también la adquisición, por parte de la Sociedad Audubon de Panamá, de 283 hectáreas de bosque primario nuboso del área de Chorogo en Barú.23 Esto fue posible gracias al apoyo financiero de instituciones internacionales protectoras de la naturaleza. Lo trascendental de esta acción es que se ha colocado al alcance de la opinión pública la importancia de esa área, de la cual quedan sin proteger aproximadamente 737 hectáreas.
El Chorogo se encuentra entre las cinco áreas más sensitivas de Panamá que requieren
ser conservadas de manera prioritaria. En lo que se refiere a aves, esta región cuenta con 28 especies
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23Angehr, George R., Dodge Engleman y Lorna Engleman. Where to Find
Birds in Panama. Sociedad Audubon de Panama. 2006. p. 6.
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amenazadas y con el mayor número de especies endémicas en la vertiente del pacífico panameño.24
La culturización ambiental de Barú recibió ese año otra grata noticia; esta vez, del Ing. Mario Gómez, director de ANAM en Chiriquí. Se trataba de que, por medio de aportes del Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT) y de autoridades de la provincia, se iniciarían los estudios socioeconómicos, biológicos, tenenciales y culturales de las áreas de Chorogo, Mellizas y otras en Barú, para tratar de obtener conjuntamente con ANAM, la creación legal de un área protegida que se denominaría ”Chorogo-Palo Blanco”. Todo esto en el curso del año 2007. Estos estudios ya se iniciaron con la visita al bosque de Chorogo, de funcionarios provinciales de ANAM (entre ellos el Sr. Nicomedes Jiménez) y el presidente encargado de la sociedad Amigos de la Flora, Fauna y Ambiente de Barú (AFFABA) Onésimo Aguirre . Ojalá Dios quiera, que la legalización de este sector boscoso fronterizo con la hermana República de Costa Rica, sea una realidad a corto plazo. Esto significaría el rescate del bienestar ambiental de los moradores de esa zona, del distrito baruense y de las regiones circundantes, ya que el oxígeno y el dióxido de carbono no conocen fronteras para expandir sus beneficios